Educación Superior en México

La educación superior en México es un conjunto de instituciones públicas y privadas, con régimen jurídico, ofertas profesionales y de postgrado, antigüedad, tamaño, capacidad de investigación, instalaciones y recursos intelectuales diferentes. Por su régimen jurídico, existen universidades públicas autónomas, universidades públicas estatales, instituciones dependientes del Estado, instituciones privadas libres e instituciones privadas reconocidas por la SEP, los gobiernos de los estados o los organismos descentralizados del Estado. Las universidades a las que el Congreso de la Unión o los congresos de los estados les otorguen la autonomía, son organismos descentralizados del Estado. Las universidades públicas estatales son creadas por los congresos de los estados como organismos públicos con personalidad jurídica propia. Pueden ser descentralizadas del Estado, pero no tienen autonomía, pues en la designación de sus autoridades interviene el gobierno de la entidad. Por lo general, no obstante, estas universidades determinan sus actividades académicas (Rangel, 1983: 33). Las instituciones dependientes del Estado son centralizadas o desconcentradas. Sus autoridades son designadas por el Poder Ejecutivo Federal o por el Poder Ejecutivo del estado correspondiente. En general, el gobierno federal también ejerce control sobre la forma de administración y los planes y programas de estudio. Las instituciones del gobierno federal dependen en su mayoría de la Secretaría de Educación Pública, aunque otras Secretarías de Estado también tienen bajo su cargo algunas instituciones (Rangel, 1983: 33). Las instituciones privadas libres son organismos con reconocimiento de validez oficial mediante acuerdo expreso del presidente de la República, con base en el Reglamento para la Revalidación de Grados y Títulos Otorgados por Escuelas Libres Universitarias, del 26 de junio de 1940 (Rangel, 1983: 34). Por el tipo de ofertas hay instituciones universitarias, técnicas y de estudios de normal. Algunas instituciones tienen una amplia gama de ofertas formativas, otras sólo ofrecen una o muy pocas opciones profesionales. Hay instituciones que se han especializado en estudios técnicos y científicos y otras que ofrecen estudios profesionales de corte tradicional. No existe una definición legal estricta que establezca las condiciones para que las instituciones puedan adoptar la denominación de universidad o de tecnológico, pero en general las universitarias ofrecen un mínimo de seis carreras profesionales en tres áreas de estudio y, por lo menos, tienen una carrera en el área de Ciencias Sociales y Administrativas o en la de Educación y Humanidades. Las tecnológicas pueden reunir estas características, pero sus prioridades formativas se ubican en el área de Ingeniería y Tecnología o en la de Ciencias Agropecuarias. La educación normal en México es de nivel superior, pero su descripción se hará en el capítulo correspondiente al personal docente. Ingreso a la Universidad. a) Condiciones, criterios y exámenes de ingreso. En México todas las instituciones de educación superior exigen a los alumnos para su inscripción haber concluido el bachillerato. Sin embargo, no existe un patrón de requisitos que uniformice los criterios de cada universidad para el ingreso estudiantil. Muchas universidades públicas que ofrecen estudios en el nivel de bachillerato, tienen lo que en México se conoce como «pase automático», es decir, los estudiantes que concluyen satisfactoriamente el bachillerato en planteles de la universidad, acceden directamente a los estudios profesionales, sin más límite que el cupo de la escuela o facultad. Algunas exigen un promedio mínimo de conclusión del bachillerato para permitir a los estudiantes el beneficio del «pase automático». Esas universidades aplican exámenes de admisión a los estudiantes que provienen de escuelas de bachillerato que no pertenecen a la institución. Entonces, el acceso a estudios profesionales en algunas universidades se define a través de un doble criterio: el que se aplica a los estudiantes de bachilleratos propios de la universidad («pase automático») y el que se aplica a estudiantes de instituciones distintas (exámenes de admisión). Otras instituciones aplican exámenes de ingreso a todos los que aspiran a cursar estudios de licenciatura. Tal es el caso de universidades públicas que no cuentan con bachillerato y de universidades privadas que, aunque lo tengan, no aplican procedimientos «automáticos» de ingreso. Los exámenes de ingreso son, en general, pruebas de conocimientos generales y específicos del área seleccionada. En ciertos casos, los exámenes incluyen pruebas de aptitud o de capacidad intelectual. Los exámenes son de selección, es decir, sirven para ubicar a los alumnos en orden decreciente de calificaciones y de acuerdo con el número de vacantes existente. Con frecuencia ingresan estudiantes con calificaciones no aprobatorias pues la capacidad física de la institución lo permite. b) Limitaciones de ingreso. Desde hace algunos años la SEP y la ANUIES han establecido orientaciones generales para aumentar, limitar o disminuir el número de estudiantes en las diversas áreas y carreras profesionales. Particularmente a través del Programa Integral de Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES) de 1986, se orientó a las IES para que fijaran topes a la admisión de estudiantes en áreas saturadas como las administrativas y médicas, y para que estimularan el crecimiento de áreas como la de Ingeniería y Tecnología. Esas orientaciones se suman en la actualidad a otras dirigidas a reestructurar, diversificar y/o cancelar programas que no poseen la calidad ni la demanda suficientes12 . El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 retomó la necesidad de formular políticas de crecimiento y distribución equilibrada de la matrícula. La distribución de la matrícula de licenciatura por área de conocimiento muestra desequilibrios preocupantes. Parece necesario contar con una política de formación de recursos humanos, de orientación vocacional y desarrollo de los programas de estudios, ya que la matrícula nacional concentra casi el 50% en el área de ciencias sociales y administrativas y menos del 3% en las ciencias básicas y en las humanidades. (Poder Ejecutivo Federal, 1989: 128). Estas orientaciones no constituyen disposiciones normativas que obliguen a las instituciones de educación superior a limitar el ingreso de estudiantes a determinadas carreras. Sin embargo, son orientaciones elaboradas con el consenso de los establecimientos, logrado a través de las diversas instancias de coordinación y representación que tienen. Con estas orientaciones y en función de sus políticas de crecimiento y de distribución de la matrícula y de sus límites físicos, cada institución define el número de estudiantes que puede ser admitido en cada una de sus carreras. c) Servicios sociales a los alumnos. Las instituciones cuentan con servicios médicos de diverso tipo para la comunidad. Algunas universidades tienen hospitales universitarios y otras sólo clínicas para atención de emergencias ocurridas en las instalaciones universitarias. Otras más, a través de sus facultades de medicina y odontología, ofrecen servicios gratuitos o de muy bajo costo a las comunidades universitarias y a la población en general. Las universidades que tienen alta organización en el deporte estudiantil, como la Universidad Nacional Autónoma de México, ofrecen servicios de medicina deportiva. Las instalaciones deportivas varían de universidad a universidad. La gran mayoría cuenta, por lo menos, con instalaciones sencillas en las que los estudiantes practican ciertos deportes en sus ratosOEI - Sistemas Educativos Nacionales - México 19 libres. Otras, sin instalaciones de tipo profesional, recurren a instituciones públicas y privadas para el entrenamiento en deportes de competencia estudiantil. Unas pocas cuentan con infraestructura muy avanzada: canchas para practicar diversos deportes, pistas, gimnasios, centros de atletas, albercas olímpicas y fosas de clavados. Algunas instituciones ofrecen deportes que se practican en instalaciones de otros organismos públicos o privados (canotaje, remo, paracaidismo, etcétera). En las instituciones hay comedores, cafeterías o tiendas, propios o concesionados a particulares, en los que se expende comida a bajo precio. Relaciones entre el primer ingreso, egreso y titulación. Para estimar el «fracaso» académico en la educación superior, puede emplearse cautelosamente la relación entre alumnos de primer ingreso y egresados. Es una relación que sólo permite una aproximación superficial pues la duración de cada carrera es diversa, como lo es también la velocidad individual de conclusión de los estudios. Un estudiante puede prolongar la conclusión de sus estudios o suspenderlos temporalmente sin que eso signifique fracaso. A nivel nacional, por cada diez estudiantes de nuevo ingreso casi cinco concluyen sus estudios y dos logran obtener el título. En las instituciones de educación superior públicas, tanto universitarias como tecnológicas y de otro tipo, por cada diez estudiantes de primer ingreso existen cinco egresados. En las instituciones privadas, por cada diez nuevos alumnos sólo cuatro egresan. En cuanto a los titulados, en las instituciones públicas por cada diez nuevos ingresos se titulan 2.3 estudiantes, y en las privadas la relación es de diez a 1.9 El sistema de evaluación y calificación de los estudiantes. La autonomía académica de que goza la mayoría de las instituciones y la libertad de cátedra de los maestros, posibilita la existencia de una amplia gama de formas de evaluación y calificación escolar. Probablemente el tipo de carrera («pura», «aplicada», «dura», «blanda») influya en las formas de evaluación empleadas. En unos casos se opta por evaluaciones periódicas dentro de un ciclo escolar (trimestral, semestral o anual) y en otros se realiza sólo una evaluación al finalizar el ciclo. Muchas veces se presenta una combinación de calificaciones parciales con calificaciones finales. En algunas carreras, escuelas y establecimientos, la forma más usual es la aplicación de exámenes de conocimientos en sus más variadas formas. En otros casos, se prefiere que los alumnos elaboren ensayos, monografías, pequeñas investigaciones, reportes de prácticas de campo o resolución de ejercicios y problemas. Puede darse el caso de profesores que combinen exámenes con trabajos escritos y exposiciones orales por parte de los alumnos. No es poco frecuente que, para evaluar y calificar, los maestros tomen en cuenta la participación de los alumnos durante el curso, la cual suele entenderse como la intervención en discusiones o la preparación y exposición de algún tema. En algunas instituciones las unidades académicas definen los contenidos mínimos a ser aprendidos de acuerdo con los programas de estudio y las formas como deben ser evaluados. A esta forma de evaluación suele llamársele «departamental». REFORMAS EN CURSO. Durante los últimos años cada institución universitaria ha emprendido reformas en diversos aspectos de su vida académica y administrativa. El gobierno federal, los gobiernos estatales, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES) y cada institución en particular, han participado en un constante esfuerzo para generar consensos respecto a los puntos prioritarios de la modernización y de los cambios que deben operarse para conseguirla. En el Programa para la Modernización Educativa, 1989-1994, en cuya elaboración las deliberaciones y acuerdos de la ANUIES y de la CONPES fueron insumos de gran importancia, se estableció que el propósito de la modernización de la educación superior es apoyar acciones para mejorar el cumplimiento de las funciones universitarias; concertar políticas comunes de atención a la demanda; impulsar la evaluación del trabajo de las instituciones; responder a las exigencias del desarrollo científico, tecnológico y social; formar profesionales con una educación teórica y práctica flexible, fundada en el dominio de métodos y en la capacidad del autoaprendizaje (Poder Ejecutivo Federal, 1989: 124,125).OEI - Sistemas Educativos Nacionales - México 20 Para ello, es imprescindible que las instituciones ofrezcan un servicio académico de calidad, para lo cual deben llevar a cabo las reformas necesarias (Poder Ejecutivo Federal, 1989: 132). Por su parte, las instituciones universitarias señalaron que la modernización implicaba evaluar sistemáticamente su actividad; planear coordinadamente su desarrollo; diseñar y ejecutar programas de superación académica, diversificar la formación del estudiante para hacerlo un profesional flexible con bagaje multidisciplinario y actitud emprendedora hacia el trabajo y la producción; fomentar el trabajo personal y la formación para el autoaprendizaje y la actualización permanente; reforzar mecanismos de actualización, evaluación y promoción del personal académico; impulsar la cultura científica y el espíritu de solidaridad social; y aprovechar los recursos de organización, infraestructura y saber hacer para colaborar en la solución de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana y a las regiones donde se localizan los centros académicos (Poder Ejecutivo Federal, 1989: 130). Los lineamientos y orientaciones establecidos en el Programa fueron objeto de deliberaciones en las instituciones. A finales de 1989 la CONPES llegó a diversos acuerdos, entre los que destacan por su importancia la creación de seis comisiones que operan con una representación paritaria de instituciones y funcionarios gubernamentales, cuya función es llegar a acuerdos sobre los criterios y lineamientos generales de acción, los grandes objetivos, políticas y prioridades en lo relativo a: 1) la evaluación de la educación superior; 2) el fomento a la educación abierta; 3) la vinculación con los sectores social y productivo; 4) la evaluación y promoción de la calidad de la investigación científica, tecnológica y humanística; 5) el postgrado; y 6) la incorporación de las IES al Programa Nacional de Solidaridad (ANUIES, Secretaría General, 1991: 39). La Secretaría General de la ANUIES (1991: 42) estimó que la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) fue la que mayores avances tuvo. La CONAEVA, tras retomar las aportaciones de la ANUIES, acordó una estrategia de evaluación que fue realizada prácticamente por todas las instituciones públicas de educación superior, esfuerzo de gran importancia debido a que, por primera vez, el conjunto de instituciones participaron simultáneamente en un esfuerzo nacional de esa envergadura (ANUIES, Secretaría General, 1991: 44). En 1991, tras la primera experiencia de evaluación institucional, a sugerencia de la ANUIES la CONPES aprobó un documento denominado «Prioridades y compromisos para la educación superior 1991-1994», en el que se destacan diez puntos prioritarios para la modernización: 1. Actualización curricular; 2. Formación de profesores; 3. Formación de investigadores; 4. Revisión y readecuación de la oferta educativa; 5. Definición de una identidad institucional; 6. Actualización de la infraestructura académica; 7. Reordenación de la administración y de la normatividad; 8. Sistema institucional de información; 9. Diversificación de las fuentes de financiamiento; 10. Vinculación de la universidad pública con el sector productivo. En los días que corren, «prácticamente todas las universidades públicas han actualizado, en promedio, el 50% de sus planes de estudio... algunas de ellas han actualizado hasta el 100%... y se ha generalizado la realización de estudios de seguimiento de egresados e, incluso, se han realizado modificaciones administrativas para la implantación de nuevos currículos...» (ANUIES, 1993b: 6)13 . En lo referente a la formación de profesores, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), las universidades reforzaron sus programas de formación docente y de investigación mediante cursos de actualización disciplinaria, de orientación pedagógica y didáctica. También se han puesto en marcha programas de postgrado para el personal académico de cada institución, ha aumentado el número de profesores becados para realizar estudios dentro y fuera del país, y se ha impulsado la vinculación interinstitucional para desarrollar programas conjuntos de formación docente. En todas las universidades públicas ya existen comisiones dictaminadoras para evaluar el trabajo docente y considerar la promoción, la permanencia, el ingreso y los estímulos de los profesores.OEI - Sistemas Educativos Nacionales - México 21 En cuanto a la formación de investigadores, todas las universidades públicas han definido estrategias de formación de investigadores, de acuerdo con áreas específicas del conocimiento. Unas cuentan con programas masivos y otras con actividades parciales de formación. Con el objeto de equilibrar la distribución de la matrícula, ampliar la proporción de estudiantes en carreras que apoyen la modernización y fortalecer la demanda real de estudios de postgrado, especialmente de doctorado, varias universidades públicas han desplegado diferentes acciones, como la reestructuración, diversificación o cancelación de algunos programas de licenciatura y la creación de nuevas carreras; la disminución o estabilización de la matrícula en bachillerato e incremento en la licenciatura; la realización de proyectos de educación continua; la suspensión de algunas especialidades, maestrías y doctorados con bajo número de estudiantes o con bajo nivel de calidad; el establecimiento de topes para la admisión de alumnos en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud y de estímulos para incrementar la demanda en el área de Ingeniería y Tecnología. En la actualidad cada universidad debe definir su vocación institucional en docencia, en investigación y en extensión, estableciendo campos prioritarios para alcanzar la excelencia académica y lograr ventajas comparativas. Para lograrlo, algunas universidades han realizado diagnósticos de necesidades y prioridades regionales; estudios sobre el entorno económico y social; evaluaciones del potencial académico e institucional; conformación de masas críticas en determinadas disciplinas; definición de áreas de investigación y de postgrados de alta prioridad institucional; realización de investigaciones interdisciplinarias sobre problemas del entorno y publicaciones en ciertos campos específicos. Para actualizar la infraestructura académica las IES han incrementado y sistematizado sus acervos bibliográficos; han creado videotecas y hemerotecas y editado libros y han incrementado el número de equipos de computación. Algunas instituciones establecieron correo electrónico y redes de información, crearon y mejoraron centros y servicios de computación, editaron discos compactos, etcétera. Al mismo tiempo se ha avanzado en la conformación de la Red Nacional de Bibliotecas. Las universidades públicas han realizado un conjunto de acciones para superar la inadecuada administración y la obsoleta o incompleta normatividad, y ajustarla a las transformaciones ocurridas en los últimos años. Al mismo tiempo, las instituciones han hecho esfuerzos para integrar, desarrollar, complementar y perfeccionar sus sistemas de información. Otra línea prioritaria es la diversificación de las fuentes de financiamiento. Al respecto, inicialmente, las instituciones han elevado las cuotas por servicios a los estudiantes; han buscado mayor participación de los sectores sociales y privados en el financiamiento de proyectos de investigación, reforzamiento de infraestructura y, en ocasiones, construcción de edificios; y han recurrido a los egresados para impulsar fundaciones y patronatos, así como a agencias extranjeras para obtener fuentes adicionales de recursos. En cuanto a la vinculación con el sector productivo, algunas universidades lograron avanzar en la creación de organismos especiales para la vinculación, difusión de catálogos de servicios universitarios, integración de empresarios en la revisión de currículos; establecimiento de asesorías y servicios al sector productivo; prácticas curriculares y de pasantes en empresas; actualización de conocimientos a profesionistas del sector productivo y de servicios; proyectos específicos de innovación y transferencia tecnológica; realización de proyectos en áreas prioritarias como ecología, energéticos, biotecnología, salud, alimentación e ingeniería; proyectos regionales, etcétera. Conviene detenerse brevemente en las recientes experiencias de evaluación de la educación superior. En 1990, tras el intercambio de opiniones y el acuerdo entre la ANUIES y la CONAEVA, los gobiernos de las instituciones se comprometieron a integrar o refozar una comisión institucional encargada de coordinar la evaluación de sus unidades y formalizar el intercambio de información con la CONAEVA; el compromiso incluyó que las instituciones definieran sus propios parámetros en cada uno de los indicadores de evaluación y presentaran a la CONAEVA un reporte de la evaluación y un programa especial para solucionar los problemas y necesidades más urgentes e importantes detectados en el proceso evaluatorio. Asimismo, las instituciones se comprometieron a realizar la evaluación del sistema de educación superior en conjunto e impulsar la evaluación interinstitucional sobre programas y proyectos específicos. Así, en cumplimiento de esos compromisos y de acuerdo con la estrategia de evaluación acordada por la CONAEVA, la totalidad de universidades públicas y los institutos tecnológicos realizaron, en el segundo semestre de 1990, una evaluación institucional e hicieron entrega de sus reportes evaluativos y de sus programas especiales. En opinión de la Secretaría General de la ANUIES «ello representó, sinOEI - Sistemas Educativos Nacionales - México 22 duda, un logro de suma importancia, ya que -por primera vez- el conjunto de las instituciones participaba simultáneamente en un esfuerzo nacional de esa envergadura...» (ANUIES, Secretaría General, 1991: 44). Con los resultados de esta primera evaluación, y a solicitud de la ANUIES, la SEP otorgó apoyos económicos adicionales para el desarrollo de los proyectos que se presentaron en los programas especiales de 1990. Esta experiencia de evaluación condujo poco tiempo después al establecimiento de los diez puntos prioritarios de la educación superior en México. Con este marco de referencia, las universidades han definido sus compromisos y proyectos prioritarios. En 1991 se llevó a cabo una segunda etapa de evaluación. Otra línea de evaluación es la interinstitucional, realizada por pares de la comunidad académica. Mediante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (o Comités de Pares Académicos) se evaluaron proyectos institucionales específicos de desarrollo en las áreas de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Agropecuarias, Ingeniería y Tecnología, Educación y Humanidades, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias de la Salud, así como las funciones de Administración Institucional y Extensión y Difusión de la Cultura. Los programas y proyectos evaluados por los Comités de Pares Académicos son financiados con recursos del Fondo para Modernizar la Educación Superior (FOMES), establecido en 1990 «como una alternativa de financiamiento público para apoyar el cambio estructural de las instituciones del nivel, con recursos extraodinarios que no forman parte del presupuesto regular» (Salinas, 1993b: 136). En su primera etapa, el FOMES apoyó preferentemente proyectos institucionales que comprendían la innovación, transformación y ajustes; metas precisas y susceptibles de medición; factibilidad económica, temporal y técnica; vigencia tecnológica y uso eficiente de los recursos en las áreas de actualización de la infraestructura de apoyo académico, sistemas de información, análisis y evaluación de la descentralización, definición de identidad institucional en investigación y postgrado, formación de profesores y reordenación administrativa y normativa (SEP, 1992c: 52) En apoyo a las líneas prioritarias de fortalecimiento del personal académico, se crearon los programas de Becas al Desempeño Académico y de Carrera Docente del Personal Académico, «cuyos objetivos son otorgar reconocimientos y proporcionar estímulos económicos al personal de tiempo completo que se dedica principalmente a la enseñanza» (SEP, 1992c: 53). Dichos apoyos se asignan con base en evaluaciones de la calidad del desempeño profesional, del grado de dedicación a las tareas docentes y de la permanencia en la vida académica. Asimismo, se creó el Programa Nacional de Superación del Personal Académico, con el objetivo de elevar la calidad académica de los maestros de este nivel y duplicar en cinco años el número de profesores e investigadores con postgrado (Salinas, 1993b: 136). Los objetivos de los programas de Becas para el Desempeño y de Carrera Docente son otorgar reconocimientos y proporcionar estímulos económicos al personal de tiempo completo que se dedica principalmente a la enseñanza. El programa de carrera docente otorga estímulos al 30% de los académicos de acuerdo con un proceso de evaluación sobre la permanencia, la dedicación y la calidad académicas. En lo referente a evaluación de alumnos y egresados se han puesto en operación con carácter experimental el examen nacional indicativo previo a la licenciatura y el examen general de calidad profesional. El examen nacional indicativo previo a la licenciatura es un instrumento de reciente creación, único y general para todos los aspirantes a estudios de licenciatura que explora las habilidades y conocimientos básicos y evalúa las condiciones de los estudiantes. A mediano plazo será parte natural del sistema de educación superior y servirá para orientar a los alumnos del bachillerato y facilitar su tránsito a la licenciatura, aprovechar al máximo cuantitativa y cualitativamente la capacidad instalada y ofrecer de manera recurrente indicadores sobre el desarrollo de la educación media superior que permitan planear acciones para su mejoramiento. Este instrumento no tiene carácter desahuciante, es decir, los resultados que obtenga el alumno no comprometen su ingreso a la institución a la que aspira inscribirse (ANUIES, 1993c: 81-84). En cuanto examen es un instrumento de comprobación estandarizada en un momento dado sobre el dominio de determinados conocimientos; es un instrumento de medición individual y colectivo cuya información orienta decisiones individuales, institucionales y del sistema. Es nacional por su extensiónOEI - Sistemas Educativos Nacionales - México 23 en todo el país y su aplicación a todos los aspirantes a la licenciatura, por su estandarización como único equivalente y porque es controlado por instancias nacionales que trascienden el nivel particular de las instituciones de educación superior y organismos de gobierno. Tiene carácter indicativo en tanto referente significativo; sus resultados serán aprovechados por los diferentes elementos del sistema de acuerdo con su situación, interés y responsabilidad y no tendrán efecto automático, obligatorio o indiferenciado para éstos. El examen general de calidad profesional es un conjunto de pruebas aplicadas a los egresados de las instituciones para medir y evaluar los conocimientos y habilidades desarrollados en su formación académica y profesional. Los objetivos de los exámenes son informar a la sociedad mexicana sobre la calidad de la formación académica de los nuevos profesionistas, contribuir a la evaluación de la calidad de la educación superior, aportar información que permita definir acciones para mejorarla, ampliar el conocimiento de las instancias gubernamentales para establecer políticas de apoyo y asignación de recursos e informar al examinado acerca del nivel de formación alcanzado durante sus estudios. Los exámenes desempeñarán funciones esencialmente constructivas y educativas, en lugar de la función meramente calificadora, excluyente y penalizadora (ANUIES, 1993b). En la actualidad estos exámenes se han implantado en las carreras contaduría, medicina, ingeniería civil y veterinaria y zootecnia.